«La morosidad va a crecer, la incertidumbre es muy elevada todavía».
El Banco de España lleva semanas advirtiendo del impacto que la crisis energética y la guerra en Ucrania tendrán en la actividad económica y en la situación financiera de empresas y familias. Y los datos empiezan a reflejar cómo las entidades se plantean ya un cierre parcial del grifo ante el pánico a que el complejo escenario derive en un incremento insostenible de los impagos.
Según la última Encuesta de Préstamos Bancarios publicada ayer por el supervisor, los criterios de concesión a las empresas ya se endurecieron en el primer trimestre de 2022. Un fenómeno común en toda la zona euro pero que preocupa especialmente en España
«En un contexto de mayor incertidumbre, problemas de abastecimiento de algunos productos y aumento de los costes energéticos y de otras materias primas».
En el documento, la institución comandada por Pablo Hernández de Cos explica que esta evolución se debe, sobre todo, a una mayor percepción del riesgo que se avecina por parte de las entidades. Y por la menor tolerancia al mismo. Es decir, tras una durísima época para el sector marcada por el aumento de las provisiones para hacer frente al impacto de la pandemia, nadie quiere que el máximo control que se ha logrado sobre la morosidad, actualmente en el 4,3%, se rompa con la nueva crisis.
Los datos de la encuesta reflejan cómo los criterios de concesión de préstamos se han endurecido de forma más intensa para las pymes que para las compañías más grandes. Y en línea con este contexto algo más restrictivo de la oferta crediticia, el porcentaje de solicitudes de fondos denegadas también aumentó ligeramente en los primeros meses del año. Pero el verdadero problema es que para el segundo trimestre el Banco de España espera «una contracción generalizada de la oferta de crédito», de mayor intensidad, de nuevo, en el segmento de financiación a las empresas. Según el análisis del organismo, esto se debe a «la elevada incertidumbre sobre cómo puede afectar la guerra en Ucrania al riesgo crediticio», pero también a las perspectivas de una política monetaria menos acomodaticia.
Hay que recordar que en los últimos años el Banco Central Europeo (BCE) ha estimulado la oferta de crédito con sus programas de compras de activos, los tipos negativos en la facilidad de depósito y otras operaciones de financiación a plazo más largo. Una avalancha de medidas para regar de liquidez el sistema.
Pero los buenos resultados de esas políticas y de la red de seguridad tejida por el Gobierno —con medidas como los ertes o los préstamos avalados por el ICO durante la pandemia— parecen agotarse.
«Se observa un impacto cada vez más reducido de estas medidas; en particular, en los programas de compras se espera que en los seis próximos meses tengan un efecto negativo sobre la situación financiera de las entidades y que propicien una cierta contracción de la oferta de préstamos y un descenso del volumen de crédito concedido», insisten desde el Banco de España.
Respecto a los préstamos con garantía pública, hay que recordar que cerca de un 40% de ellos sigue en periodo de carencia y muchos empezarán a vencer este trimestre, aunque el Gobierno ha aprobado la posibilidad de extender estos vencimientos seis meses más.
En todo caso, el gran temor es que, ahora o más adelante, parte de esa mora empiece a aflorar a medida que se vayan retirando las ayudas. En este escenario, las pymes se han convertido en el principal foco a vigilar por parte de la banca. Y no sólo por el riesgo de impago ante el alza de costes de los últimos meses por la escalada de los precios de la energía y una inflación desbocada en el 9,8%. El problema es que estas compañías también están sufriendo la morosidad intraempresarial. Según el último Barómetro sobre Morosidad elaborado por Cepyme, la deuda comercial con retraso de pago en las pymes asciende ya a 280.000 millones de euros, un 17,3% más en términos interanuales.
